Estados Unidos reforzó las sanciones financieras contra cárteles y redes vinculadas con el crimen organizado, mediante medidas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Las disposiciones contemplan el bloqueo de activos bajo jurisdicción estadounidense y restricciones para realizar operaciones con las personas y entidades sancionadas.

 

Las medidas también alcanzan a compañías controladas en 50 por ciento o más por individuos incluidos en las sanciones. De esta manera, ciudadanos, residentes y empresas estadounidenses tienen prohibido realizar determinadas transacciones con los objetivos señalados por las autoridades de ese país.

 

La Casa Blanca advirtió además sobre posibles restricciones migratorias para políticos relacionados con organizaciones criminales o sospechosos de colaborar con cárteles. Estas acciones forman parte de la estrategia estadounidense para presionar financieramente a las estructuras vinculadas con actividades delictivas y limitar su capacidad de operación.

 

En este contexto, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó el decomiso de más de 27 toneladas de ácido tartárico en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. El aseguramiento fue presentado como parte de los esfuerzos para impedir el acceso de grupos criminales a sustancias utilizadas en procesos relacionados con la producción de drogas sintéticas.

 

Las autoridades estadounidenses han señalado que los precursores químicos representan un componente relevante para la fabricación de este tipo de sustancias. Con las nuevas sanciones, Washington busca afectar tanto los recursos financieros como las redes empresariales y de suministro relacionadas con organizaciones delictivas.