El Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) han desatado “la peor crisis de drogas” en la historia de Estados Unidos, donde hoy tienen presencia en los 50 estados, además de decenas de países a nivel mundial y se apoyan en naciones como China, ya no sólo para la obtención de precursores, sino también para lavar el dinero y de la corrupción en “el Ejército y la política” en México.

 

La Evaluación Nacional de las Drogas 2024, presentada ayer por la Agencia Antidrogas (DEA), afirma que no hay cárteles más prioritarios que estos dos, a los que la titular de la agencia acusó de ser responsables de la “vasta mayoría del tráfico de drogas en EU”. La crisis de las drogas que vive hoy el país, señala la DEA, es resultado del paso de drogas creadas a partir de plantas, como la heroína y la cocaína, a drogas sintéticas, como las metanfetaminas y el fentanilo, más fáciles de producir y más redituables. Con base en datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), la DEA señala que en 2020 las muertes relacionadas con las drogas se cobraron 107 mil 941 vidas. De ese total, el fentanilo y otros opioides sintéticos son responsables de aproximadamente 70% y las metanfetaminas y otros estimulantes sintéticos de aproximadamente 30%.

 

El informe advierte que los cárteles han desarrollado redes mundiales de cadenas de suministro”.

 

La amenaza principal, a decir de la Evaluación, es el Cártel de Sinaloa que, acusa, opera en al menos 57 países en el mundo, incluyendo China, que además de proveedor es destino del tráfico de metanfetamina; Tailandia, Australia y Nueva Zelanda, “donde el costo de la metanfetamina es mucho mayor que en Estados Unidos”. Opera en Centro y Sudamérica, y utiliza a África como “punto de transborde para la cocaína que va a Europa”. El CJNG, al que describe como “modelo de franquicia”, actúa “en más de 40 países de Sudamérica, Asia, Europa y África”.

 

 

Tanto el Cártel de Sinaloa como el CJNG se benefician, dice la DEA, de la corrupción existente en México. Por ejemplo, señala que el Cártel de Sinaloa “puede operar libremente en algunas partes de México porque cuenta con una red de contactos corruptos entre las fuerzas del orden, el Ejército y la política”. Recuerda el caso del exsecretario mexicano de seguridad, Genaro García Luna, detenido en EU, donde se le acusa de tráfico de drogas. Este cártel controla por completo el Puerto de Mazatlán, en Sinaloa, pero también “mantiene contactos logísticos y gubernamentales corruptos en otros puertos marítimos de ambas costas de México”.

 

Una parte importante del cártel opera en la frontera con California, “que proporciona acceso al punto de entrada de San Ysidro —el paso fronterizo más transitado del hemisferio occidental— y al punto de entrada de Otay Mesa. También organiza envíos de metanfetamina y fentanilo para su cruce en las zonas de Mexicali y Tijuana (Baja California). Según informes de la DEA, Los Chapitos prefieren utilizar el puente de Ysleta-Zaragoza para pasar de Juárez (Chihuahua) a El Paso (Texas)”.

 

En el caso del CJNG, el informe destaca la violencia con que opera, recordando sus ataques de alto perfil contra el Ejército y la policía mexicanos, y recordando el caso de Omar García Harfuch, quien siendo secretario de Seguridad de la Ciudad de México sufrió un atentado atribuido al cártel, al que también implica en el “soborno de jueces”.

 

Sin embargo, a diferencia del Cártel de Sinaloa, el CJNG “controla muy poco territorio cerca de la frontera con Estados Unidos”. Eso los obliga a pagar “un piso por el uso de puntos de entrada, túneles u otras rutas de contrabando hacia EU a cualquier organización criminal que controle el acceso en ese momento”.

 

Lavado en suelo asiático

 

La Evaluación subraya que “los cárteles utilizan organizaciones chinas para trasladar sus beneficios de EU a México. Las organizaciones de narcotraficantes con sede en México y Sudamérica utilizan cada vez más los sistemas bancarios clandestinos de China como principal mecanismo de blanqueo de capitales”. También utilizan las criptomonedas, que ofrecen la ventaja de que se pueden usar “para transferir valor a través de fronteras internacionales sin depender de los bancos”, además de que “no dejan rastro más allá de la cadena de bloques, que está encriptada”.

 

Sobre las operaciones de la DEA contra el tráfico de drogas, el informe resalta operaciones como Overdrive, “dirigida contra individuos violentos en nuestras comunidades, y la Operación OD Justice, que se asocia con las fuerzas de seguridad locales para investigar intoxicaciones mortales por drogas”.